Organizaciones denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abusos para “corregir” la orientación sexual y la identidad de género en audiencia regional en Guatemala
Escrito por Glenda Álvarez
Organizaciones, sobrevivientes y especialistas alertaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los abusos para modificar o suprimir identidades LGBTIQ+ continúan ocurriendo en América Latina bajo discursos religiosos, familiares y médicos.
Por Glenda Alvarez
La tarde del 10 de marzo, en la ciudad de Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública de oficio (convocada por la propia Comisión) sobre los efectos de los abusos destinados a modificar la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.
El encuentro se realizó en el marco del 195° período de sesiones del organismo regional, que se desarrolla en Guatemala entre el 2 y el 13 de marzo. La audiencia reunió a organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos de las personas LGBTIQ+ de distintos países, personas sobrevivientes y representantes estatales, en un diálogo que evidenció tensiones profundas sobre cómo los Estados deben responder frente a estas violaciones a los derechos humanos.
La sesión fue presidida por el comisionado José Luis Caballero Ochoa y contó con la participación de las comisionadas Marion Bethel, relatora sobre los derechos de las mujeres, y Rosa María Payá, relatora sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. También intervino María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, quien señaló que los testimonios presentados en la audiencia formarán parte de los insumos para un informe regional sobre violencia contra personas LGBTIQ+.
La audiencia se desarrolló en un contexto en el que distintos organismos internacionales han advertido sobre los riesgos y daños asociados a estas prácticas.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió ya en 2012 que los servicios que prometen “curar” la orientación sexual no heterosexual no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y el bienestar. A nivel global, expertos de Naciones Unidas han señalado que estos procedimientos pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso tortura.
“No son terapias, son violencia”
Las intervenciones de la sociedad civil coincidieron en un punto central: las llamadas “terapias de conversión” no son tratamientos médicos.
Marcela Romero, de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, sostuvo que estas prácticas son parte de una violencia estructural contra las identidades trans y diversas.
“No se busca sanar, se busca suprimir. No se busca cuidar, se busca convertir nuestras identidades en motivo de vergüenza y castigo”, afirmó durante su intervención.
Romero también advirtió que la falta de prohibiciones claras en muchos países de la región permite que estas prácticas continúen operando en espacios privados, religiosos y familiares, muchas veces con total impunidad.
Foto: Intervención del abogado y activista Alberto Belaunde. Vía Zoom
Desde Outright International, el abogado y activista Alberto Belaunde explicó que las prácticas de conversión incluyen cualquier intento de cambiar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
“La diversidad sexual y de género no es un trastorno. Por eso estas prácticas no son terapia, son intervenciones anticientíficas y profundamente dañinas”, afirmó.
Belaunde señaló que diversos estudios documentan consecuencias graves para la salud mental, como depresión, ansiedad, estrés postraumático e ideación suicida, especialmente cuando estos abusos se aplican durante la infancia o adolescencia.
Violencias que comienzan en casa y se extienden a las instituciones
Las organizaciones guatemaltecas llevaron el debate al terreno más concreto: el de las violencias que ocurren en la vida cotidiana.
Stacy Velásquez, directora de OTRANS Reinas de la Noche, explicó que una de las formas más claras de identificar estas prácticas es cuando la atención psicológica parte de la idea de que las identidades diversas deben ser “corregidas”.
“Cuando nos patologizan es cuando empieza la terapia de conversión”, afirmó.
Velásquez también habló de las consecuencias sociales de estas violencias. Según explicó, muchas personas trans son expulsadas de sus hogares a edades tempranas y obligadas a sobrevivir en contextos de exclusión y precariedad.
“A muchas de nosotras nos robaron la niñez y la adolescencia. La reparación tiene que ser integral: social, económica, cultural y jurídica”, dijo.
Foto: Intervención de Stacy Velásquez, directora de OTRANS Guatemala. Vía zoom
Desde Guatemala, Ana Lam, de la organización Visibles, denunció que estas prácticas siguen ocurriendo en un contexto donde el Estado no reconoce plenamente los derechos de las personas LGBTIQ+.
La activista mencionó casos de violencia sexual correctiva, humillaciones públicas y agresiones motivadas por prejuicios, y advirtió que la falta de legislación específica permite que estas violencias continúen.
También señaló que, entre 2016 y 2024, se registraron 547 diagnósticos médicos patologizantes en el sistema de salud guatemalteco relacionados con identidad de género u orientación sexual.
Desde otros países, los testimonios coincidieron en el patrón. Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, recordó casos de mujeres lesbianas drogadas por sus propias familias y recluidas en centros donde fueron violadas para “volverlas heterosexuales”.
Daniela Beltrán, sobreviviente colombiana y representante de la Fundación GAT, habló desde la experiencia de haber sido sometida a estas prácticas entre los 11 y los 16 años. “Con el tiempo entendí que no había nada que curar en mí, sino en una sociedad que patologiza y castiga la diversidad”, señaló.
Beltrán también explicó que en Colombia se impulsa el proyecto de ley conocido como “Nada que curar”, una iniciativa que busca tipificar y sancionar las prácticas de conversión, además de establecer medidas de prevención, atención a sobrevivientes y reparación integral. Según la activista, aunque la propuesta ha sido promovida junto a congresistas y organizaciones sociales, su avance se ha visto frenado por campañas de desinformación y prejuicios contra las personas LGBTIQ+.
Desde Brasil, Kaia Maria, de Intersex Brasil, amplió el debate hacia las personas intersex y alertó sobre intervenciones médicas no consentidas orientadas a imponer cuerpos y sexualidades heteronormativas.
La postura del Estado argentino
El único Estado que participó formalmente en la audiencia fue Argentina, representado por el subsecretario de Derechos Humanos Joaquín Ignacio Mogaburu.
En su intervención, el funcionario defendió las reformas impulsadas por el gobierno argentino mediante el Decreto 62/2025, que restringe el acceso de personas menores de edad a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales relacionados con identidad de género.
Mogaburu argumentó que la medida busca proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes y señaló que aún existe debate científico sobre los efectos a largo plazo de estos tratamientos.
Sin embargo, su intervención generó cuestionamientos dentro de la propia audiencia.
Foto: Intervención del subsecretario de Derechos Humanos Joaquín Ignacio Mogaburu.
Las comisionadas de la CIDH señalaron que la presentación del Estado argentino se había centrado en el debate sobre tratamientos médicos para infancias trans, mientras que el tema principal de la audiencia eran las prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género mediante coerción o violencia.
Las comisionadas y la secretaría ejecutiva no se limitaron a escuchar. También preguntaron cómo distinguir rigurosamente una práctica de conversión de una psicoterapia ordinaria o de una orientación espiritual buscada libremente, cuáles son las barreras que enfrentan las personas sobrevivientes para denunciar y qué tipo de reparación necesitan. En esas preguntas apareció una preocupación de fondo: cómo traducir el horror documentado en estándares concretos para los Estados.
La respuesta de la sociedad civil fue insistente en varios puntos. Primero, que la voluntad libre es central: allí donde hay coerción, engaño, presión familiar, violencia religiosa o medicalización impuesta, no hay acompañamiento posible. Segundo, que la reparación no puede reducirse al castigo penal, sino que debe incluir atención psicosocial especializada, rutas seguras de denuncia, acceso a la educación, reconocimiento del daño económico y garantías de no repetición. Y tercero, que prohibir estas prácticas es necesario, pero no suficiente, si no se fiscalizan los espacios donde continúan ocurriendo.
La audiencia dejó, así, una fotografía regional incómoda: mientras algunos gobiernos intentan reinstalar discursos que presentan la diversidad como problema, las organizaciones y sobrevivientes recuerdan que el problema nunca ha sido la identidad, sino la violencia que se ejerce para “disciplinarla”.
Lo que se discutió en Guatemala no fue una diferencia de opiniones sobre salud mental. Fue la disputa entre una lógica que sigue pensando la diversidad como algo corregible y otra que exige reconocerla como parte de la dignidad humana.
Al cierre, lo que quedó flotando en la sala fue una exigencia elemental: que ningún Estado vuelva a permitir que la familia, la fe, la medicina o la moral se conviertan en excusas para torturar. Porque cuando “curar” significa humillar, violar, encerrar, patologizar o expulsar, ya no se trata de cuidado, sino de violencia. Y aunque durante años se haya disfrazado de terapia, sigue siendo una violación a los derechos humanos.
Participaron de esta nota
Glenda Álvarez
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